Hasta que la regulación MiCA entre en vigor, el panorama político actual sigue siendo algo caótico. 

Algunas reglas generales de la UE han guiado la creación de políticas a nivel nacional en algunos estados miembros, especialmente en relación con el cumplimiento de KYC (identificación del cliente) y AML (origen de los fondos y medidas contra el lavado de dinero), es decir, medidas estándar para transacciones de efectivo a cripto y viceversa.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la 5.ª Directiva europea contra el blanqueo de capitales son lo suficientemente ambiguos como para que cada estado tenga una interpretación única de los términos.

Esta ambigüedad y la diversidad de autoridades nacionales competentes hacen que los distintos estados miembros tengan posiciones diferentes frente a los criptoactivos y las leyes que los afectan.

Por ejemplo, se sabe que Portugal es uno de los países más amigables con las criptomonedas para los inversores en Europa, una verdadera ganga porque no hay impuesto sobre las ganancias de capital. Sin embargo, han anunciado que no van a esperar a que MiCA cambie esto.

Malta ha atraído a varias start-ups en el mundo blockchain porque ofrece una regulación atractiva en cuanto a registro y certificación de proveedores de servicios, intentando convertirse en el país ideal para los intercambios en Europa.

Por no hablar de Estonia, un país que tampoco esperó a que MiCA regulara el sector, y que cuenta con una legislación estricta en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones del GAFI sobre KYC y AML, pero al mismo tiempo ofrece importantes beneficios fiscales a las empresas radicadas en el país. , así como grandes facilidades para el registro y constitución de sociedades.

En un entorno legislativo tan cambiante, es necesario que estemos al día de todos los posibles cambios y nuevas regulaciones para encontrar la forma o el país más rentable desde el que operar, siempre de acuerdo con la ley.